Mientras nos manifestábamos en Río Piedras...

Más Abuso


Cuestionables acciones de la Policía
Por Maricelis Rivera Santos
EL VOCERO
28 de agosto de 2009 10:00 am
Efectivos de la Policía violentaron derechos civiles y humanos de la comunidad de Santurce e intentaron por la fuerza apropiarse del material de vídeo que aparentemente los incriminaba, dentro de la casa productora Rojo Chiringa y Zona Franca, denunció el productor de vídeos artísticos y documentales periodísticos Gabriel Coss.

Coss manifestó que los hechos sucedieron cuando miembros de la Policía impidieron por largo tiempo que una ambulancia prestara atención médica a un herido de bala y atacaron a la familia y a la comunidad que estaba desesperada por entender que se podía intentar salvar la vida del ciudadano.

El individuo, apodado “Gordi”, falleció.

“Pusieron un bloqueo a ambos lados y no dejaban pasar la ambulancia (en medio estaba una patrulla), nadie sabía si estaba muerto o vivo”, indicó Coss.

Relató que desde que escucharon los disparos cerca de las 8:00 de la noche salieron a la calle a grabar porque estaban trabajando en su oficina y tenían las cámaras disponibles.

Como la gente de la comunidad los conoce los productores trataron de mediar y calmarlos, pero sin dejar de grabar, lo que llamó agresiones de los efectivos.

Fue cuando su hermano subió al techo a grabar con el también actor Israel Lugo, que los miembros de la Policía comenzaron a increparlos a ellos.

Ante el temor decidieron bajar de la residencia (donde están las oficinas) por la parte trasera donde hay un patio y se percataron que había policías subiendo por la verja.

De pronto entraron, una decena de guardias a la oficina de Rojo Chiringa y Zona Franca exigiendo las cámaras y los vídeos.

Coss indicó que a su hermano lo tiraron al suelo y a él en otro momento le tiraron gas pimienta.

“(Cuando entran a la casa) me empujan, me tiran, caí al mueble con las cámaras me brincan encima y a mi hermano para quitarnos las cámaras, estaban forcejeando con nosotros y amenazándonos”, narró el también hijo del periodista y profesor universitario de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Luis Fernando “Peri” Coss.

“Le dije yo quiero un abogado porque usted está entrando a mi casa sin una orden de cateo… en medio de la desesperación por ver si decía algo que los calmara, le digo que conocemos abogados y jueces y un policía me dijo usted se calla la boca, todos los abogados y jueces son ‘tos unos pendejos, llama a quien tú quieras”, explicó Coss.

Resaltó que les decían que grabar la escena de un crimen era una acción criminal aunque ellos lo refutaban.

Dijo que la Policía no puso un perímetro y le seguían diciendo lo mismo aún cuando las grabaciones se dejaron de hacer en la calle y prosiguieron desde adentro de la casa.

En la residencia, que ubica en la calle Eduardo Conde, insistían en incautar las cámaras y que borraran las cintas con los vídeos.

Mencionó que un investigador intentó toda clase de trucos para obligarlos a entregar el material fílmico, les mintió diciendo que era ilegal grabar la escena, que no necesitaban abogado y que borraran ellos mismos los vídeos porque así no tendrían que llevarse las cámaras.

Recalcó que no dejaban entrar a la prensa y se sentían secuestrados dentro de la casa.

Finalmente, llegó una fiscal, el abogado Fermín Arraíza Navas y otros tres togados que estaban en la actividad de Río Piedras, y fue como único se logró que no le quitaron los vídeos y las cámaras.

Mencionó que antes la fiscal, cuyo nombre no pudo identificar, observó los vídeos y les hicieron firmar un documento de que vendrían obligados a entregarlos al Tribunal.

A preguntas de EL VOCERO de si logró ver los nombres o placas de los agentes, Coss explicó que cuando estaban todavía dentro de la casa pidió ver las placas y todos se dieron la espalda y se marcharon.

“Estaban aterrados de los vídeos, un policía le dijo a mi hermano que temían que los subieran a youtube”, detalló.

Los cinco integrantes de la casa productora se proponen acudir a la Comisión de Derechos Civiles para entablar un querella y radicarán una demanda por violación a sus derechos civiles.

EL VOCERO solicitó y está a la espera de una reacción del superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.